La crisis generada por el desastre en la planta nuclear de Fukushima, Japón, trascendió los temas sociales, políticos y económicos, con una carencia de transparencia informativa sobre lo que realmente sucedió a casi tres años del hecho. Diversos medios de prensa y especialistas coinciden en que desde los primeros momentos se careció de información pública veraz y orientadora que permitiera cómo evaluar lo ocurrido y trazar, incluso, nuevas políticas de riesgos.
Al respecto, el diario Akahata, órgano del Partido Comunista de Japón, exigió poco después de la tragedia una verdadera transparencia informativa y culpó al entonces primer ministro, Naoto Kan, de ocultar responsabilidades y cubrir los luego divulgados errores de operación y seguridad de la Tokyo Electric Power (Tepco).
Mientras se incrementaban las revelaciones acerca de la contaminación radiactiva de amplias zonas agrícolas y marítimas, Kan admitió responsabilidades y falta de previsión, y Tepco entró en bancarrota a mediados de 2011, lo cual obligó al Gobierno a intervenirla y facilitarle préstamos de urgencia.
Desde el punto de vista político, las consecuencias fueron dramáticas. Kan renunció a su cargo y las fuerzas que le apoyaron perdieron influencia, además de crecer como nunca antes el movimiento pacifista y antinuclear, en el cual se aglutinaron incluso científicos y dirigentes sindicales, entre otros.
ENCUBRIMIENTOS INFORMATIVOS
Para especialistas como el canadiense Richard Wilcox y el japonés Yoichi Shimats, siempre hubo un desfase entre lo que sucedía y la realidad, algo calificado de falseamiento de hechos y acontecimientos por parte de las autoridades y los directivos de Tepco.
Ambos expertos citaron al respecto ejemplos concretos, como cuando las continuas fugas de agua radioactiva desde Fukushima llegaban al océano Pacífico y los medios de comunicación permanecían bajo la presión gubernamental para no decir la verdad.
De igual forma, afirmaron que la industria nuclear en Japón tiene una influencia considerable sobre esos medios.
Sin embargo, no se pudo impedir la divulgación acerca de los informes falsos e inexactos de Tepco, incluso desde 1992 y relacionados con las normas de inspección y operaciones técnicas en Fukushima y otras centrales bajo su control.
El gobierno del actual primer ministro, Shinzo Abe, arrastró consecuencias políticas en ese sentido: no logró superar la desconfianza pública sobre su gestión y fue obligado a consultar con todas las prefecturas japonesas acerca de las tareas de descontaminación y ubicación de desechos nucleares.
Sitios en internet como Gurusblog y La Tercera argumentaron que las informaciones de las autoridades demuestran que las responsabilidades por todos los errores están dirigidas a los contribuyentes, quienes deben pagar en última instancia los enormes gastos derivados por la crisis, entre ellos un impuesto del ocho por ciento al consumo.
Por lo pronto, Tepco ha recibido del Gobierno más de nueve mil millones de dólares, sin estimar los costos totales del proceso de descontaminación en la región y que solamente en tiempo se calcula en no menos de 40 años.
A tal elemento se unen la indefinida reubicación de más de 80 mil desplazados por la crisis y las enormes tareas para trasladar fuera de Fukushima cerca de 200 mil toneladas de residuos contaminados.
Japón enfrenta, como nunca antes en su historia, una crisis que repercute en todos los órdenes de la vida del país; para mantener sus altos niveles de consumo necesitaría, según cálculos de especialistas, otros dos territorios similares.
